Y finalmente, sin que sea un hecho visible, de un modo paradójicamente “virtual” pero sumamente efectista han sido amordazadas las opiniones e ideas de cada uno de nosotros. Han sido vendados nuestros ojos y tapados nuestros oídos, y de un modo totalmente artero y silencioso, hemos perdido una libertad fundamental y absoluta que es la libertad en su sentido más puro.
El falso e inconstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/2020 (y digo falso porque no había ninguna necesidad ni urgencia –excepto silenciar a la sociedad-) dictado por nuestro presidente de la Nación, declaró “servicio público” a la telefonía celular, internet y televisión por suscripción, en un total exceso y abuso del ejercicio de sus facultades (como últimamente viene haciendo) al margen de todo marco legal.
Y frente a semejante avasallamiento hemos guardado total y absoluto silencio. Quizás por ignorancia -porque nadie se dedicó a explicar el grado de incidencia que tiene el decreto-; quizás por miedo a la represalia; quizás sea efecto de la sorpresa o desconcierto; quizás por incredulidad -quien puede creer semejante arrebato-; aunque a decir verdad en ningún caso presumo complicidad. Este golpe letal a nuestra libertad no tiene precedentes, ni color, ni partido político, nos abarca a todos y tarde o temprano al Sr. Presidente, a la Sra Vicepresidente, y su limitado y oportunista entorno y sus sucesores, también los alcanzará y perjudicará. Porque nadie sobrevive sin costo, privar de la libertad de expresión a una sociedad entera.
Por el motivo que fuere, se trata de un silencioso pero costosísimo consentimiento que estamos prestando cada uno de los habitantes del suelo argentino, respecto de una decisión que ni siquiera ha sido tomada por nuestros legítimos representantes en el Congreso de la Nación a quienes hemos delegado al elegirnos, en forma exclusiva y excluyente, la facultad de debatir y decidir sobre estas cuestiones.
La situación descripta es un típico “desvío de poder”, propio de un gobierno autoritario, que se configura porque encubiertamente persigue finalidades distintas a las que enuncia. Quizás éste sea el motivo por el cual permanecemos anestesiados. Porque nadie ha advertido, en semejante mamarracho jurídico, ante qué nos han dejado totalmente expuestos y vulnerables.
A partir del momento en que la telefonía móvil y la red de internet han sido declarados “servicios públicos” el Estado puede establecer pautas para el tendido y desarrollo de infraestructura; controlar minuciosamente cómo se presta el servicio; establecer condiciones de explotación de las redes; fijar el precio o tarifa que se cobre por él, entre otras muchas cosas.
Empieza a sonar escalofriante que sea el Estado quien tenga un control total y absoluto de nuestras comunicaciones ¿verdad? Y lo tiene, como así también sobre la posibilidad de navegar por internet, a qué velocidad, con qué calidad, qué información encontrar o qué información poder incorporar a la red, un poder que implicaría incluso determinarlo todo en relación al ciberespacio mientras se acceda a la red desde Argentina. Empieza todo a sonar como un cepo definitivo y a sentirse el riesgo inminente de vernos imposibilitados de conocer en tiempo real o actual y de forma virtual y objetiva lo que realmente está sucediendo en el lugar que fuere y de la gravedad o dimensión que tuviere el suceso. No son “sensaciones” aquí y ahora es el mismo caso que la “sensación de inseguridad” ¿recuerdan?. No estamos ante una sensación, de mantener validez y vigencia este decreto, estaríamos ante un hecho.
Esa es la verdadera herramienta que ha creado el Poder Ejecutivo Nacional en esta oportunidad, solapado bajo el argumento de garantía constitucional de acceso a la red, el derecho a la educación y a la libertad de expresión cuando el verdadero fin perseguido, es precisamente eliminar el pilar base de todo país republicano y democrático: la libertad de expresión y de información. Sobre todo la red de internet que no respeta Soberanía ni fronteras y se torna un peligro para los gobiernos débiles. Claro que entonces lo ideal no es sólo controlarla sino también someterla.
Y ya no se trata solo de imponer contenidos y elegir qué información se da a conocer y cual no, es aún más grave. Se trata de comandar los medios a través de los cuales esa información puede o no llegar a la sociedad en general, seleccionar el contenido y dosificar cantidad y velocidad con la que pueda ser difundida. O incluso llegar a disponer un “apagón de la red” si la información que circula se torna “peligrosa” o poco conveniente, quizás para un acto electoral, o quizás resulte una herramienta cómoda para el adoctrinamiento o simplemente para terminar de “preparar” una sociedad ignorante, dependiente y parasitaria.
A través de la red se puede informar selectivamente, se puede difundir sin modo de verificación de autenticidad del hecho por consulta a la fuente. Y más profundo y absoluto es el control y el daño si además se domina otra alternativa de difusión viral que es la telefonía móvil, principalmente, los “datos”.
Administración de información, manipulación, sometimiento, vigilancia digital, ausencia de privacidad, dictadura de opinión, son todas las ideas que confluyen en esta ilegitima declaración de servicio público. Un avasallamiento de la liberta en su sentido mas amplio.
¿Vamos a seguir consintiendo como habitantes del suelo argentino semejante atropello a nuestro más sagrado derecho de libertad? ¿Va a convalidar la justicia semejante atropello confirmando con su pronunciamiento este golpe letal al sistema democrático de gobierno?
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Autora: Claudia I. Ostergaard
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